El Volcán: Denuncias cruzadas en el Concejo Deliberante

(29-06-2020) Ahora, miembros del bloque oficialistas denunciaron penalmente a los concejales opositores. Le piden a la Justicia que investigue si hubo Falsedad ideológicasustracción de instrumento público y falsificación de documento público. La semana pasada la oposición le pidió la renuncia a sus pares oficialistas.

En la mañana de éste lunes 29 de junio el bloque de Concejales del Frente de Unidad Justicialista del Concejo Deliberante de El Volcán presentó una denuncia penal contra dos concejales de la oposición por la presunta comisión de graves delitos, que en la práctica han significado un conflicto institucional de envergadura en el cuerpo colegiado de la localidad.

Los denunciados son los concejales Alejandro Guzman y Diego Gattavara, quienes habrían cometido una serie de irregularidades (penadas por la ley) a partir de la apropiación ilegal del Libro de Actas de la institución y de la usurpación de títulos públicos. En ese marco produjeron una serie de actos y medidas de carácter público que constituyen una falsedad ideológica, toda vez que las mismas se adoptaron sin respetar en lo más mínimo los procedimientos legislativos, el quorum que marca la ley y las normas de funcionamiento de los cuerpos colegiados.

Ante esta situación los concejales juusticialistas Olinda Barroso (presidenta del HCD de El Volcán) y Jorge Skuca se presentaron en la Justicia Penal donde radicaron la denuncia. “Agotamos todas las instancias de diálogo, les requerimos que se abstuvieran de seguir adelante en esta actitud irregular e ilegal, le reclamamos por carta documento la devolución de libro, pero siguieron adelante con estas locura”, señalan los concejales denunciantes, agregando que luego de recibir el asesoramiento legal decidieron denunciar penalmente a sus pares frente a la irracional actitud y en preservación del normal funcionamiento del Concejo Deliberante.

En la presentación los concejales justicialistas piden la intervención inmediata de la Justicia para que investigue si el proceder de los concejales denunciados incurre en los llamados Delitos contra la Fé Pública, previstos en los artículos 292 y subsiguientes del Código Penal que se encuentran penados con penas de uno a seis años de prisión.

Se pide al Juez Penal actuante se investigue la conducta de los concejales para determinar si han incurrido en la comisión de los delitos de Falsedad ideológica (arrogarse un cargo en forma irregular); sustracción de instrumento público (libro de Actas que debería permanecer en la sede de la Institución y es retenido por el Concejal Guzmán)  y falsificación de documento público al haber agregado en el Libro de Actas actos y decisiones sin respetar los procedimientos legislativos.

En contacto con La Posta, Jorge Scuka manifestó que el concejal Guzmán: "Pasa por encima de lo que es la investidura de la presidenta del concejo, pasa por encima del organismo deliberativo; nosotros venimos soportando distintos avasallamientos y desprestigio por parte de este seños y bueno, no nos quedó otra instancia que acudir a la Justicia para que se resuelva todo esto. Da pena porque es el primer concejo deliberante acá en El Volcán y debería funcionar bien para todos".

Consultado sobre la presunta incompatibilidad de cargos que denuncia la oposición, Scuka reconoció que además del cargo de concejal trabajan también en el ejecutivo municipal y al respecto aclaró: "Nosotros tenemos nuestro argumento de defensa basado en el espíritu y naturaleza de la incompatibilidad que es para que ningún funcionario cobre dos sueldos del estado pero en este caso, no se da la incompatibilidad porque nosotros estamos ad honorem, como lo marca le Ley, la Ley marca que por dos años no podemos recibir ningún haber del estado (cuando se crea un nuevo Concejo Deliberante). Entonces en esta instancia la incompatibilidad queda desafectada".


La semana pasada, los concejales opositores le pidieron la renuncia a sus pares Jorge Scuka y Olinda Barroso, quienes  -según ellos- incumplirían en sus deberes como funcionarios públicos por reiteradas faltas injustificadas a las sesiones y por incompatibilidad de sus cargos.

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