El Gobierno provincial destinó en los últimos seis meses más de $319 millones en publicidad oficial

(29-06-2020) Los diputados pretendían conocer el detalle de "medios de comunicación y profesionales a los que se le hubiere asignado pauta, en tal caso períodos e importes", pero la respuesta oficial fue informada parcialmente.

El viernes en una extensa sesión informativa en la Cámara de Diputados que duró más de 9 horas, Natalia Zabala Chacur respondió cerca de 100 preguntas que previamente y con anticipación de varios días formularon los legisladores provinciales.

Entre las inquietudes que plantearon los diputados, Zabala Chacur respondió sobre el reparto de los recursos económicos destinados en pauta oficial (publicidad y demás herramientas de prensa y difusión de gestión institucional) y cómo es el criterio de distribución entre los medios.

Pero la Ministro de Gabinete respondió parcialmente a la pregunta ya que la misma solicitaba detallar "medios de comunicación y profesionales a los que se le hubiere asignado pauta, en tal caso períodos e importes".

“Como cuestión previa y dando cómo se formula la pregunta quiero dejar sentado que la legitimidad es un principio respetado y resguardado en la gestión pública”, dijo al inicio de la respuesta sobre la temática en cuestión.

Sí confirmó que todos los "soportes" son auditados y que la contratación con los mismos se realiza mediante Consultoria y Servicios San Luis SAPEM. Además aseguró que la distribución de la pauta alcanza a más del 90% de los medios de toda la Provincia.


Luego detalló el monto total invertido en publicidad y demás servicios asociados que se realizó durante los primeros meses de 2020, de enero a mayo: $319.789.143.


Según detalló Chacur, la publicidad en vía pública, grandes formatos (cartelería), papel y medios gráficos, el Gobierno destinó $60.322462,29 entre 16 proveedores.


En medios digitales (páginas web, plataformas, redes sociales, etc.), entre 43 proveedores se pagó $121.826.750.


En medios radiales la provincia cuenta con publicidad en 152 proveedores (entre radios y programas) y la inversión fue de $47.547.500.


En medios de televisivos y cinematográficos hay 37 proveedores (37 señales, programas y 216 canales) a los que se destinaron $32.303.800.


Además informó que la Provincia cuanta con los servicios de 74 profesionales, técnicos y empresas, entre ellos periodistas, correctores, fotógrafos, camarógrafos, etc; servicios de producción audiovisual, medios analógicos y digitales, servicios de transmisión, todos los soportes, honorarios de producción para otras áreas de gobierno, para lo que se invirtió $56.788.630,79.

En relación al rol de Gustavo Valenzuela en el Gobierno, la jefa de Gabinete se limitó a contestar: “Es proveedor de la empresa Servicios y Consultoría San Luis SAPEN y obviamente que tiene una función de asesoramiento con el Gobierno provincial”.

Gustavo Valenzuela es un cuestionado publicista de Chubut, que fue investigado junto a otros dos funcionarios de dicha provincia, imputados por el delito de “administración fraudulenta: sobreprecios y contrataciones directas en servicios de publicidad” en el Banco Chubut. Luego fue secretario de medios de Adolfo Rodíguez Saá y ahora, continúa en una función similar en la administración de Alberto RS.



¿Por qué el reparto de publicidad oficial no alcanza 
el 100% de los medios provinciales?

Según Natalia Chacur, la distribución de la pauta alcanza a más del 90% de los medios de toda la Provincia. ¿Quienes son los medios que quedan excluidos del reparto y por qué?.

Los lectores ávidos de información sin censura seguramente intuyen la respuesta. 

El condicionamiento político sobre la línea editorial de los medios es una de las razones, sino la principal, ya que de otra manera no se comprende cómo tienen pauta oficial del Gobierno de San Luis portales completamente desconocidos, sin caudal de lecturas y que sólo copian y pegan noticias de otros medios y agencias oficiales, mientras que sitios web editados por reconocidos periodistas, sin competencia en la zona donde desarrollan profesionalmente sus medios y que producen material propio y exclusivo, no cuentan con la pauta oficial.

Este medio es ejemplo de ello. Con más de diez años de permanencia en el departamento Belgrano, el primer y único sitio web de noticias locales ha mantenido con el Gobierno provincial contratos esporádicos e intermitentes de acuerdo a las "molestias" que causen algunas noticias particulares.

A todas luces, es notoria la discrecionalidad en la distribución de la pauta publicitaria del Gobierno de la Provincia ya que no se realiza de modo transparente y es claramente discriminatoria.




PRINCIPIOS SOBRE REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL Y LIBERTAD DE EXPRESION 

Según la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:

La distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial fue uno de los primeros mecanismos de censura indirecta abordados por el sistema interamericano. En efecto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su Informe Anual 2003 dedicó un capítulo especial a estudiar el fenómeno y concluyó que “la obstrucción indirecta a través de la publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”

La distribución arbitraria de publicidad oficial, como otros mecanismos de censura indirecta, opera sobre distintos tipos de necesidades que los medios de comunicación tienen para funcionar e intereses que pueden afectarlos. Es una forma de presión que actúa como premio o castigo que tiene por objeto condicionar la línea editorial de un medio según la voluntad de quien ejerce la presión.

Como ya fue mencionado, los mecanismos de censura indirecta suelen esconderse detrás del aparente ejercicio legítimo de facultades estatales, muchas de las cuales se ejercen por los funcionarios en forma discrecional. En consecuencia, estas formas de censura indirecta son particularmente difíciles de detectar, ya que no es fácil determinar con exactitud la línea que separa al ejercicio legítimo de una facultad de la restricción ilegítima de un derecho. Desde este punto de vista, una facultad legítima del Estado puede configurar una violación del derecho a la libertad de expresión si (a) el ejercicio de la facultad estuvo motivado en la posición editorial del sujeto afectado y (b) el ejercicio tuvo por objeto condicionar el libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. En el caso de la distribución de la publicidad oficial, se configura un caso de censura indirecta cuando la misma es realizada con fines discriminatorios de acuerdo a la posición editorial del medio incluido o excluido en ese reparto y con el objeto de condicionar su posición editorial o línea informativa.