Proyecto Portal de Compras y Contrataciones del Estado Provincial

(21-05-2020) Se trata de una iniciativa del interbloque San Luis Unido que este miércoles tomó estado legislativo y que tiene el objeto de fomentar la transparencia y trazabilidad de los procesos de compras y contrataciones de la administración pública para que pueda ser corroborado por la ciudadanía en general.

Los gastos en la red y al alcance de la mano ciudadana. Esa es la propuesta de la bancada opositora en diputados. Los sistemas de compras y erogaciones públicas detentan relevancia especial: por la promoción de un gasto público eficiente, como por el interés de preservar valores institucionales como la transparencia, la participación ciudadana y la prevención de actos de corrupción. En el contexto actual de emergencia generado por la pandémia de COVID-19, es primordial conocer qué tipo de bienes y servicios adquiere o contrata el Estado. 

Los legisladores explicaron: "Especialmente aquellos bienes o servicios que requieren un procedimiento de investigación y/o desarrollo especializado, contrataciones en el marco de proyectos complejos (ej. construcción de un hospital), productos disponibles en mercados desarrollados pero que requieren de una adaptación particular a las necesidades de los Gobiernos (ej. ambulancias o contratación de hoteles para la cuarentena), ó alternativamente, productos y servicios con cierto grado de estandarización y de consumo habitual."

“Para que un gasto público sea eficiente y eficaz es fundamental garantizar a los ciudadanos una adecuada prestación de los bienes y servicios públicos que éstos esperan recibir, un buen ejemplo es comenzar a exigir que el Estado sea eficiente en sus contrataciones en ámbitos como  salud, seguridad, educación e infraestructura”, afirmó el diputado Luis Lucero Guillet.

De acuerdo al proyecto el acceso al  funcionamiento de los sistemas de compras de un Estado debe constituir una política pública que  brinde mayor efectividad al sistema, reduzca la corrupción y provea mecanismos de transparencia que permitan a la sociedad intervenir y fiscalizar la gestión de los funcionarios públicos.