San Luis Unido analizó el estado de las denuncias contra el Gobierno

(4-6-19) Los presidentes de los partidos políticos que componen el frente opositor a los Rodríguez Saá se reunieron este martes por la mañana con los legisladores provinciales de su bloque para interiorizarse acerca de los múltiples pedidos de informes y las denuncias judiciales que se realizaron desde el poder legislativo de ese sector. Advirtieron que Insistirán en las denuncias contra el Gobierno por el uso discrecional de fondos públicos para costear las campañas 2017 y 2019.

Con la presencia unánime de los integrantes de la bancada SLU, presidentes de los partidos que integran el frente y sus candidatos la coalición opositora analizó el estado de las denuncias realizadas por el manejo de fondos públicos para la campaña proselitista realizado por Alberto y Adolfo Rodríguez Saá.

Otra parte de la reunión abordó con mayor ahínco asuntos del orden legislativo, como la futura interpelación de los ministros Ernesto Nader Alí y la ministra de Hacienda Natalia Zabala Chacur. Además hay una decena de solicitudes de informes que no fueron respondidos por el Gobierno provincial y hoy se encuentran vencidos. 

Tras el encuentro los funcionarios dialogaron con la prensa.

“Denuncias que son muy graves. Vemos que hay una mecánica muy similar que ha sido utilizada entre la elección del 2017 y la del 2019. En su momento fue la fundación Mujeres Puntanas, este año es la fundación Sol Puntano", "Durante la campaña electoral la comisión de delitos que el Gobierno Provincial hace es enorme, como su gasto electoral", "En 2017 liquidaron todos los bonos públicos de la Provincia, 2400 millones de pesos”, describió el presidente del bloque de diputados San Luis Unido, Alejandro Cacace. 

“Hay una investigación de lavado de dinero de la justicia federal donde funcionarios provinciales fueron citados a declarar”, añadió. Escuchalo:



Poggi por su parte  dijo que fue una reunión “muy provechosa” porque “nos muestra como un frente político muy consolidado”.

Además aseguró que se “van a sumar” a las causas en especial a la que está relacionada con el aporte del Estado de $80 millones que recibió la esposa de Adolfo Rodríguez Saá, de parte del gobierno de su cuñado Alberto, a través de la fundación Mujeres Puntanas, poco antes de las elecciones del 2017. En ese sentido añadió que también investigarán los gastos “por los carteles y la ostentación que está haciendo actualmente, siguen utilizando usando esa plata”. Escuchalo:

 


A continuación el resumen de las denuncias presentadas por el bloque San Luis Unido:

DENUNCIA POR CONTRATACIONES DIRECTAS ENTRE EL MIN. DE PRODUCCION Y SOL PUNTANO SAPEM Y LA FUNDACION SOL PUNTANO.

Se denunció el día 13 de mayo pasado ante el Honorable Tribunal de Cuentas y Contaduría General de la Provincia, contrataciones directas entre el Ministerio de Producción con SOL PUNTANO SAPEM y la Fundación SOL PUNTANO que en su conjunto resultan en un monto superior a PESOS CINCUENTA MILLONES ($ 50.000.000). Las contrataciones fueron hechas con el objeto de obtener heladeras solares, artefactos de iluminación a energía solar, plantas frutales, semillas, dosis de medicamentos para colmenas, equipos para laboratorio, entre otros bienes y prestaciones. 

Esta maniobra encubriría contrataciones que por sus características deben ser efectuadas mediante el llamado a licitación pública, según dispone el art. 96, de la Ley Provincial de Contabilidad, Administración y Control Público, que solo habilita los demás modos de contrataciones cuando concurren circunstancias excepcionales. 

En este caso, el Ministerio de Producción procedió con la contratación directa en varias oportunidades sin que en ninguna se configuren los casos expresamente previstos para habilitar una contración contratacion en forma directa, de acuerdo al art. 100 inc. a) al k) de la citada ley. Asimismo, se verifican sobreprecios del 5% en casi todos los contratos que viola las disposiciones del Art. 28 de la mencionada ley de Contabilidad. 

Todo esto resulta aún más sospechoso dada la proximidad del acto electoral del 16 de junio. Es por ello que se pide a los organos de contralor externo e interno de las finanzas públicas, el Honorable Tribunal de Cuentas y la contaduría General, respectivamente, que intervengan e investiguen la posible comisión de ilícitos en contra de la administración pública.

·       DENUNCIA POR FALSEDAD IDEOLOGICA, ABUSO DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO EN LA ELABORACION Y PRESENTACION DEL PRESUPUESTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL PARA EL AÑO 2019.

Se denunció al Gobernador de la Provincia, a la Ministro de Hacienda Pública, a la Jefe de la Oficina de Presupuesto y a todo otro funcionario que pudiera resultar autor o partícipe de los delitos de falsedad ideológica (Art. 293 del Código Penal de la Nación) en concurso ideal con los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art. 248 y 249 del Código Penal de la Nación), en ocasión de la confección y presentación del presupuesto para la administración pública provincial para el año 2019. 

El Poder Ejecutivo Provincial presentó el 30 de agosto de 2018 un proyecto de presupuesto ante la Cámara de Diputados consistente de sólo 6 carillas, algo sin precedentes que no cumplía con las disposiciones legales y cosntitucionales que la Ley de Presupuesto debe tener. Este accionar vulneró los artículos 29 de la Constitución Nacional, 1, 8, 78 y 92 de la Constitución Provincial, 2, 3 y 4 de la Ley Permanente de Presupuesto y el título II y artículos ccs. de la Ley de Contabilidad de la Provincia de San Luis. 

Los funcionarios del Poder Ejecutivo argumentaron que no podían elaborar el presupuesto ya que no conocían el proyecto de presupuesto nacional y por lo tanto no podían realizar el cálculo de recursos apropiado. 

Entre otras irregularidades, se habría adulterado la naturelaza de los gastos públicos, configurada en la clasificación de los fondos coparticipados a los municipios y la clsificación de gastos corrientes como proyectos de inversión (gastos de capital). Todo ello llevó a ampliar la denuncia por el delito de falsedad ideológica mediante el cual quisieron ocultar su accionar criminal en detrimento del Estado que configuraría los delitos del Art. 248 y 249 del Código Penal. La denuncia se radicó ante el Juzgado Penal Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de San Luis.

·       DENUNCIA POR MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y OTROS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL POR LA VENTA DE TITULOS PUBLICOS.

Se denunció penalmente a la Ministro de Hacienda Pública, a la Jefa de Programa Recursos y Finanzas, al Tesorero General de la Provincia; al Contador General de la Provincia; y a todo otro funcionario que pudiera resultar autor o partícipe de los delitos tipificados en los artículos 173, 174, 210, 248, 249, 260, 261, 293, 303 y concordantes del Código Penal, consistentes en fraude en perjuicio del estado provincial, asociacion ilicita, abuso de autoridad, violacion de deberes de funcionarios publicos, malversacion de caudales publicos, peculado, falsedad ideologica y lavado de activos. Todo ello por desprenderse de la totalidad de los títulos públicos que registraba en existencia al inicio del período (2017) en el cuadro de SITUACION DEL TESORO Y RESULTADO FINANCIERO por un valor de $ 2.424.354.562, según surge de las Cuentas de Inversión correspondientes al año 2017, sin haber informado nunca del resultado por la venta de dichos títulos, producto de la cotización de los mismos al momento de la/s operación/es, la fecha de la operación y su respectiva registración. Esta denuncia penal se radicó en noviembre del año pasado en el Juzgado federal de San Luis.

·       DENUNCIA POR ABUSO DE AUTORIDAD Y OTROS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL POR EL OTORGAMIENTO ILEGAL DE FONDOS PUBLICOS PARA FINES ELECTORALES

Se denunció penalmente al Gobernador y al Vicegobernador de la Provincia de San Luis, al Ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, a la Ministro de Hacienda Pública, al Fiscal de Estado de la Provincia; al Contador General de la Provincia; y al fundador de la Fundación “Mujeres Puntanas”, Senador Nacional Adolfo Rodríguez Saá y su esposa, Gisela Betiana Vartalitis, Presidente de dicha Fundación, y a toda otra persona que pudiera resultar autor o partícipe de los delitos tipificados en los artículos 248, 249, 260, 261, 272, siguientes y concordantes del Código Penal, consistentes en abuso de autoridad, violacion de deberes de funcionarios publicos, malversacion de caudales publicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado Provincial. 

Todo ello en razón que el Gobernador Alberto Rodríguez Saa, cambió una partida presupuestaria de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($ 80.000.000) para entregarsela a su hermano y a su cuñada, con el unico y verdadero fin de solventar su campaña politica. Esta conducta delictual, que contó con la intervención y/u omisión de, por lo menos, todos los funcionarios denunciados, fue encubierta mediante un subsidio del Estado Provincial a la Fundación de Vartalitis en el contexto de un proyecto de letra vaga y ambigua presentado por la Fundación “Mujeres Puntanas” al gobierno. 


La campaña electoral a Senador Nacional de su esposo, Adolfo Rodríguez Saá, en 2017, fue así a costa de los contribuyentes. La denuncia penal fue radicada ante el Juzgado Federal de San Luis por configurarse una violación a lo dispuesto en el Artículo 15, inc. b de la Ley Federal de Financiamiento de los Partidos Políticos, 26.215.