Diputados exigen explicaciones sobre un posible faltante de $ 2.400 millones en el Tesoro Provincial

(30-4-19) La Cámara Baja aprobó la semana pasada un pedido de informe de San Luis Unido, que exige conocer la operatoria vinculada a los títulos públicos, el monto y composición del Tesoro Provincial. El Ejecutivo Provincial tiene 10 días para responderlo.


El informe tiene como fundamento una incongruencia detectada en distintos documentos públicos de los que surgiría un faltante de por lo menos $ 2.400 millones en el erario público, que presumiblemente fueron utilizados por Alberto Rodríguez Saá para costear su campaña partidaria.

Dado su gravedad, la causa está siendo investigada desde fines del año pasado 
en la Justicia Federal (luego de conocerse la Cuenta de Inversión), no solo por el uso de fondos públicos en actividades proselitistas, sino por la posible comisión de los delitos de fraude en perjuicio del estado provincial, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, peculado, falsedad ideológica y lavado de activos; donde varios funcionarios de la provincia se encuentran denunciados penalmente.

Fue en este marco que, en la legislatura, la oposición consiguió la aprobación de una solicitud de informes que busca indagar el destino de los fondos percibidos por la liquidación de los bonos. Una situación absolutamente llamativa si tomamos como referencia que no quedaron bonos en el erario público.

La solicitud le pide a Rodríguez Saá y a su ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur, informar sobre los resultados de la operatoria vinculados a los títulos durante el ejercicio fiscal 2017, indicando si su producido y/o resultado fue contabilizado como recurso presupuestario y/o recurso financiero, o bajo qué concepto figura en el cuadro “Esquema Ahorro-Inversión” y en el cuadro “Situación del Tesoro” de la Cuenta de Inversión del año 2017.

Según informaron desde el bloque San Luis Unido, la contabilidad provincial registró la baja de los títulos pero no registró el ingreso de lo que se cobró por ellos, con lo que el Tesoro Provincial habría cerrado con $ 2.400 millones menos de lo que debería, por lo cual los diputados se preguntan: "¿dónde está ese dinero?¿por qué no se registró el ingreso de lo que se cobró por los títulos?" Y eso es lo que se está indagando en el proceso penal y ahora lo que deberá dar cuentas el gobernador de la provincia.

Los expertos concluyeron en que –salvo que el Ejecutivo pueda dar una explicación fundada y valedera diferente–  o existieron gastos presupuestarios no contabilizados para no dejar en descubierto un déficit muy superior al determinado en la Cuenta de Inversión o para no mostrar gastos ilegítimos o ilegales; o bien, se retiraron de las arcas fiscales fondos públicos sin justificación alguna. Las dos hipótesis son graves. 

"Estamos exigiendo al Ejecutivo Provincial saber cuál fue el destino de los bonos y por qué el ingreso del producido de su liquidación no fue registrado en la Cuenta de Inversión, para aparentemente terminar con un saldo del Tesoro con un faltante de $ 2.400 millones. A través de este pedido queremos lograr que el Gobierno dé cuentas de lo que pasó", explicó Alejandro Cacace.