Nación tiene 120 días hábiles para acordar con San Luis el pago de la deuda

(27-2-19) En la conferencia de prensa que ofreció en Terrazas del Portezuelo, el gobernador Alberto Rodríguez Saá hizo hincapié en el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto de la deuda que Nación posee con San Luis por fondos coparticipables retenidos ilegalmente. En el dictamen, el máximo órgano judicial dejó en claro el plazo para que el Estado federal liquide los $16.600 millones. El mandatario no descartó la posibilidad de embargar fondos nacionales en caso de que la administración de Macri no cumpla.


Una nueva cuenta regresiva arrancó. Se trata de los 120 días hábiles que el martes 19 de febrero comenzaron a correr y que significan el último límite para que el Gobierno nacional le pague a San Luis los $16.600 millones que le adeuda hace más de 12 años, y que corresponden a fondos coparticipables retenidos de manera ilegal. La Corte Suprema de Justicia falló en favor de los sanluiseños y determinó ese plazo para que los funcionarios federales acuerden un plan de pagos y comiencen a cumplirlo.
Si la Nación no respeta ese dictamen o, tal como lo hizo en los últimos tres años, reinicia maniobras dilatorias y reuniones sin ningún resultado o respuesta para demorar el pago, los puntanos sólo deben esperar para iniciar las acciones legales que desemboquen en la liquidez inmediata de los fondos. El Gobierno de San Luis, aunque no lo desea, no descartó embargar fondos federales. El propio fallo judicial así lo indica.
Durante el encuentro con los periodistas, el gobernador Rodríguez Saá subrayó que San Luis no abandonará su postura de diálogo para favorecer los acuerdos, pero que el límite será el plazo de 120 días hábiles que la Corte Suprema le puso al Estado nacional. “Llegó la hora de la reparación. Tenemos la posibilidad de iniciar la acción judicial ejecutiva para que se efectivice el pago. No queremos llegar a eso, sino acordar una forma de pago”, aclaró Alberto este lunes al mediodía.
Luego el primer mandatario puntano profundizó acerca de la intimación que puede esgrimir la Provincia. “Si el juez Griesa tuvo el derecho de embargar fondos nacionales… San Luis también tiene derecho, ¿no?”, se preguntó Alberto ante los periodistas, en clara alusión al juez estadounidense que embargó cuentas y bienes argentinos a raíz del juicio que fondos buitres le iniciaron a la Argentina en la Corte de Nueva York en 2010.

Un fallo que no es una alegría
En otro tramo de la conferencia de prensa, Rodríguez Saá se mostró conforme por conocer el fallo de la Corte Suprema respecto de la deuda que Nación tiene con San Luis, principalmente por el plazo de liquidez. Pero lamentó que el organismo judicial decidiera que el cálculo del monto final fuera con tasa pasiva, lo que generó una importante pérdida de dinero para San Luis, que a la hora de litigar exigió que la cuenta definitiva se hiciera con la tasa activa.
“La resolución de la Corte nos alegró enormemente, ya que se trata de un fallo que se dictó hace más de tres años. Ahora las partes tienen 120 días hábiles para acordar la forma de pago. Queremos iniciar un procedimiento de diálogo sereno y amable. Esta deuda significa el dolor de una enorme discriminación de muchísimo tiempo”, afirmó.

“La Corte decidió que el monto final fuera bajo la tasa pasiva. Nosotros argumentamos otra tasa, pero bueno, respetamos la decisión final. De todos modos, pasaron tres años. Apenas 30 minutos alcanzaban para cerrar la negociación. Si hubiesen querido hacerlo. Pero recién ahora dimos un pequeño paso. El revés ha sido para la Provincia”, remarcó Alberto.Una nueva cuenta regresiva arrancó. Se trata de los 120 días hábiles que el martes 19 de febrero comenzaron a correr y que significan el último límite para que el Gobierno nacional le pague a San Luis los $16.600 millones que le adeuda hace más de 12 años, y que corresponden a fondos coparticipables retenidos de manera ilegal. La Corte Suprema de Justicia falló en favor de los sanluiseños y determinó ese plazo para que los funcionarios federales acuerden un plan de pagos y comiencen a cumplirlo.
Si la Nación no respeta ese dictamen o, tal como lo hizo en los últimos tres años, reinicia maniobras dilatorias y reuniones sin ningún resultado o respuesta para demorar el pago, los puntanos sólo deben esperar para iniciar las acciones legales que desemboquen en la liquidez inmediata de los fondos. El Gobierno de San Luis, aunque no lo desea, no descartó embargar fondos federales. El propio fallo judicial así lo indica.
Durante el encuentro con los periodistas, el gobernador Rodríguez Saá subrayó que San Luis no abandonará su postura de diálogo para favorecer los acuerdos, pero que el límite será el plazo de 120 días hábiles que la Corte Suprema le puso al Estado nacional. “Llegó la hora de la reparación. Tenemos la posibilidad de iniciar la acción judicial ejecutiva para que se efectivice el pago. No queremos llegar a eso, sino acordar una forma de pago”, aclaró Alberto este lunes al mediodía.
Luego el primer mandatario puntano profundizó acerca de la intimación que puede esgrimir la Provincia. “Si el juez Griesa tuvo el derecho de embargar fondos nacionales… San Luis también tiene derecho, ¿no?”, se preguntó Alberto ante los periodistas, en clara alusión al juez estadounidense que embargó cuentas y bienes argentinos a raíz del juicio que fondos buitres le iniciaron a la Argentina en la Corte de Nueva York en 2010.
Un fallo que no es una alegría
En otro tramo de la conferencia de prensa, Rodríguez Saá se mostró conforme por conocer el fallo de la Corte Suprema respecto de la deuda que Nación tiene con San Luis, principalmente por el plazo de liquidez. Pero lamentó que el organismo judicial decidiera que el cálculo del monto final fuera con tasa pasiva, lo que generó una importante pérdida de dinero para San Luis, que a la hora de litigar exigió que la cuenta definitiva se hiciera con la tasa activa.
“La resolución de la Corte nos alegró enormemente, ya que se trata de un fallo que se dictó hace más de tres años. Ahora las partes tienen 120 días hábiles para acordar la forma de pago. Queremos iniciar un procedimiento de diálogo sereno y amable. Esta deuda significa el dolor de una enorme discriminación de muchísimo tiempo”, afirmó.
“La Corte decidió que el monto final fuera bajo la tasa pasiva. Nosotros argumentamos otra tasa, pero bueno, respetamos la decisión final. De todos modos, pasaron tres años. Apenas 30 minutos alcanzaban para cerrar la negociación. Si hubiesen querido hacerlo. Pero recién ahora dimos un pequeño paso. El revés ha sido para la Provincia”, remarcó Alberto.Una nueva cuenta regresiva arrancó. Se trata de los 120 días hábiles que el martes 19 de febrero comenzaron a correr y que significan el último límite para que el Gobierno nacional le pague a San Luis los $16.600 millones que le adeuda hace más de 12 años, y que corresponden a fondos coparticipables retenidos de manera ilegal. La Corte Suprema de Justicia falló en favor de los sanluiseños y determinó ese plazo para que los funcionarios federales acuerden un plan de pagos y comiencen a cumplirlo.
Si la Nación no respeta ese dictamen o, tal como lo hizo en los últimos tres años, reinicia maniobras dilatorias y reuniones sin ningún resultado o respuesta para demorar el pago, los puntanos sólo deben esperar para iniciar las acciones legales que desemboquen en la liquidez inmediata de los fondos. El Gobierno de San Luis, aunque no lo desea, no descartó embargar fondos federales. El propio fallo judicial así lo indica.
Durante el encuentro con los periodistas, el gobernador Rodríguez Saá subrayó que San Luis no abandonará su postura de diálogo para favorecer los acuerdos, pero que el límite será el plazo de 120 días hábiles que la Corte Suprema le puso al Estado nacional. “Llegó la hora de la reparación. Tenemos la posibilidad de iniciar la acción judicial ejecutiva para que se efectivice el pago. No queremos llegar a eso, sino acordar una forma de pago”, aclaró Alberto este lunes al mediodía.
Luego el primer mandatario puntano profundizó acerca de la intimación que puede esgrimir la Provincia. “Si el juez Griesa tuvo el derecho de embargar fondos nacionales… San Luis también tiene derecho, ¿no?”, se preguntó Alberto ante los periodistas, en clara alusión al juez estadounidense que embargó cuentas y bienes argentinos a raíz del juicio que fondos buitres le iniciaron a la Argentina en la Corte de Nueva York en 2010.

Un fallo que no es una alegría
En otro tramo de la conferencia de prensa, Rodríguez Saá se mostró conforme por conocer el fallo de la Corte Suprema respecto de la deuda que Nación tiene con San Luis, principalmente por el plazo de liquidez. Pero lamentó que el organismo judicial decidiera que el cálculo del monto final fuera con tasa pasiva, lo que generó una importante pérdida de dinero para San Luis, que a la hora de litigar exigió que la cuenta definitiva se hiciera con la tasa activa.
“La resolución de la Corte nos alegró enormemente, ya que se trata de un fallo que se dictó hace más de tres años. Ahora las partes tienen 120 días hábiles para acordar la forma de pago. Queremos iniciar un procedimiento de diálogo sereno y amable. Esta deuda significa el dolor de una enorme discriminación de muchísimo tiempo”, afirmó.
“La Corte decidió que el monto final fuera bajo la tasa pasiva. Nosotros argumentamos otra tasa, pero bueno, respetamos la decisión final. De todos modos, pasaron tres años. Apenas 30 minutos alcanzaban para cerrar la negociación. Si hubiesen querido hacerlo. Pero recién ahora dimos un pequeño paso. El revés ha sido para la Provincia”, remarcó Alberto.Una nueva cuenta regresiva arrancó. Se trata de los 120 días hábiles que el martes 19 de febrero comenzaron a correr y que significan el último límite para que el Gobierno nacional le pague a San Luis los $16.600 millones que le adeuda hace más de 12 años, y que corresponden a fondos coparticipables retenidos de manera ilegal. La Corte Suprema de Justicia falló en favor de los sanluiseños y determinó ese plazo para que los funcionarios federales acuerden un plan de pagos y comiencen a cumplirlo.
Si la Nación no respeta ese dictamen o, tal como lo hizo en los últimos tres años, reinicia maniobras dilatorias y reuniones sin ningún resultado o respuesta para demorar el pago, los puntanos sólo deben esperar para iniciar las acciones legales que desemboquen en la liquidez inmediata de los fondos. El Gobierno de San Luis, aunque no lo desea, no descartó embargar fondos federales. El propio fallo judicial así lo indica.
Durante el encuentro con los periodistas, el gobernador Rodríguez Saá subrayó que San Luis no abandonará su postura de diálogo para favorecer los acuerdos, pero que el límite será el plazo de 120 días hábiles que la Corte Suprema le puso al Estado nacional. “Llegó la hora de la reparación. Tenemos la posibilidad de iniciar la acción judicial ejecutiva para que se efectivice el pago. No queremos llegar a eso, sino acordar una forma de pago”, aclaró Alberto este lunes al mediodía.
Luego el primer mandatario puntano profundizó acerca de la intimación que puede esgrimir la Provincia. “Si el juez Griesa tuvo el derecho de embargar fondos nacionales… San Luis también tiene derecho, ¿no?”, se preguntó Alberto ante los periodistas, en clara alusión al juez estadounidense que embargó cuentas y bienes argentinos a raíz del juicio que fondos buitres le iniciaron a la Argentina en la Corte de Nueva York en 2010.
Un fallo que no es una alegría
En otro tramo de la conferencia de prensa, Rodríguez Saá se mostró conforme por conocer el fallo de la Corte Suprema respecto de la deuda que Nación tiene con San Luis, principalmente por el plazo de liquidez. Pero lamentó que el organismo judicial decidiera que el cálculo del monto final fuera con tasa pasiva, lo que generó una importante pérdida de dinero para San Luis, que a la hora de litigar exigió que la cuenta definitiva se hiciera con la tasa activa.
“La resolución de la Corte nos alegró enormemente, ya que se trata de un fallo que se dictó hace más de tres años. Ahora las partes tienen 120 días hábiles para acordar la forma de pago. Queremos iniciar un procedimiento de diálogo sereno y amable. Esta deuda significa el dolor de una enorme discriminación de muchísimo tiempo”, afirmó.
“La Corte decidió que el monto final fuera bajo la tasa pasiva. Nosotros argumentamos otra tasa, pero bueno, respetamos la decisión final. De todos modos, pasaron tres años. Apenas 30 minutos alcanzaban para cerrar la negociación. Si hubiesen querido hacerlo. Pero recién ahora dimos un pequeño paso. El revés ha sido para la Provincia”, remarcó Alberto.

Fuente: ANSL