Proyecto "Anti gatillos fácil"

(10-12-18) La Senadora Nacional por San Luis Eugenia Catalfamo, presentó ante la Cámara alta del Congreso, un proyecto de ley que busca ser "anti gatillo fácil".

En el mismo, pide que que derogue la Resolución 956/2018 que aprueba el reglamento para la utilización de las armas de fuego de las fuerzas de seguridad. 

El proyecto fue presentado por mesa de entrada el pasado 6 de diciembre y aunque aún no tiene giros a ninguna comisión para poder ser tratado, obtuvo gran repercusión en los medios, en el marco de la polémica sobre el tema.

A continuación se transcribe el proyecto presentado que advierte diferentes situaciones que se pueden dar en el marco del articulado vigente, con resultados lamentables. 

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO 1.- Deróguese la Resolución N° 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

ARTÍCULO 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.


FUNDAMENTOS


    El 27 de noviembre de 2018 el Ministerio de Seguridad firmó la Resolución 956/2018, publicada en el Boletin Oficial el 3 de diciembre del corriente. La misma tiene por objeto aprobar el “Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”, así como derogar toda disposición o normativa contraria a lo que estipula dicho reglamento en jurisdicción del Ministerio de Seguridad, Policia Federal, Gendarmeria Nacional, Prefectura Naval y Policia de Seguridad Aeropuertuaria.

A primera vista, el Reglamento mencionado habilita el uso de armas cuando sea estrictamente necesario, y en la medida que lo requiera el desempeño de las tareas de los agentes, en los siguientes casos:
  1. En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves;

  1. Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas;

  1. Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad;

  1. Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención.

Sin ahondar en la vaguedad absoluta del articulado, lo grave es que se exceptúa el requisito de identificarse e intimar a viva voz el cese de la actividad ilícita cuando:

  1. dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas;
  2. se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física;
  3. resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso.

Que el concepto de peligro inminente está detallado en la resolución, pero acompañada de una frase residual: “entre otras situaciones”, lo cual permite que, además de los supuestos enumerados, pueda incluirse cualquier otro supuesto y, por lo tanto, habilitar el uso irrestricto e ilimitado de armas. Los contemplados por la resolución son:

a) Cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas.

b) Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal.

c) Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, en las siguientes situaciones:

c.1.- Cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas.

c.2.- Cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros.

c.3.- Cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma.

d) Cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, o mejorando su posición de ataque.

e) Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona.

f) Cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves.

g) Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas.

    Toda norma es siempre una expresión de la voluntad del órgano emisor hacia la ciudadania. En este caso, el Poder Ejecutivo, en su zona de reserva, emite una Resolución que cambia el criterio del “uso exepcional” de la fuerza letal, contrariando los criterios internacionales a los que nos hemos comprometido y, en definitiva, de la ley de seguridad interior en cuanto establece como eje rector, la exepcionalidad.

En un artículo publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se resume de manera precisa que esta medida “privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido y se genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones, incluidos las y los transeúntes.”

El Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU adoptado por la Asamblea General de la ONU por Resolucion 34/169, que integra nuestra legislación nacional a partir de la ley 24.059 de Seguridad Interior, en su artículo 22, que establece: “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.” Asimismo, los artículos 2 y 3 de la ley citada dicen:

“ARTICULO 2º — A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional.

ARTICULO 3º — La seguridad interior implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de alcanzar los objetivos del artículo 2º.”
Los derechos humanos mecionados ut supra están determinados y protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

Tal como establece el comentario al artículo 3 inciso c del Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el uso de armas de fuego se considera una medida extrema. “Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes.”

El artículo 8 inciso d de la ley 21.965, “Normas que regulan las relaciones entre la Institución y el personal policial y de éstos entre sí” establece que el estado policial supone el deber de defender contra las vías de hecho, la vida, la libertad y la propiedad de las personas aun a riesgo de su vida o integridad personal.

En definitiva, la resolución ministerial modifica ese enfoque al habilitar una serie de situaciones claramente no excepcionales en las que se podría usar el arma. Además avanza sobre funciones propias del Poder Judicial, al limitar su capacidad de ejercer la tarea de control del accionar policial.

Actualmente, son los jueces los que determinan los estándares de uso de la fuerza y deciden en cada caso. Por el contrario, la nueva Resolución limita las facultades de los magistrados para establecer posibles conductas ilegales, debido a que encuadra como “cumplimiento de deberes” un abanico de supuestos de uso de la fuerza letal que hoy son consideradas como irracionales y excesivas.

    En conclusión, en el sistema republicano de gobierno que nuestro país adopta, el control entre los tres poderes es fundamental. En ese sentido, es nuestro deber como legisladores nacionales frenar de manera inmediata toda normativa emitida por el Poder Ejecutivo contraria a los derechos humanos enumerados en nuestra Constitución y en varios de los instrumentos internacionales que nuestro país ha suscripto.

    El uso de la fuerza es, y debe ser, siempre excepcional, más aún en el caso de las fuerzas de seguridad que, ya de por sí cuentan con mayores herramientas y un poder ofensivo mayor al del ciudadano común.

Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares la apobación del presente proyecto de ley.

Informó: María José Corvalán