Opinión: "Metáforas que excluyen"

(3-10-18) Por María José Corvalán
Las cifras confirman que la desigualdad afecta el desarrollo laboral, político y la economía de las mujeres. “Techos de cristal, escaleras rotas y pisos pegajosos” son trabas para el despegue femenino.

La desigualdad entre varones y mujeres es una realidad reconocida a nivel mundial, que en la mayoría de las veces se aborda desde las situaciones de violencia, y su consecuencia más dramática que es el femicidio. No obstante hay un sinnúmero de cuestiones no menores, que afectan al libre desarrollo de este sector afectado por estándares culturales que provocan privilegios para unos y obstáculos para otras.

Todo inicia con la socialización de roles, posicionando a las mujeres como más aptas para las labores domésticas y los cuidados personales de hijos, hijas, enfermos y ancianos, mientras que el imaginario colectivo instala a los varones como naturalmente aptos para tareas de responsabilidad políticas, empresariales, de inventiva, creatividad, ciencia y tecnología.

Techo de cristal
Es un límite superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar, que impide el avance y es imperceptible ya que no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos que impongan a las mujeres semejante limitación, sino que está construido sobre parámetros culturales de “designación de roles”.

“Hay organizaciones que responden a lógicas masculinas de trabajo. Esto puede explicar parte de las desigualdades. Pero se suman los factores culturales, vinculados con la tradicional división sexual del trabajo, con la idea del varón como proveedor y la mujer como cuidadora, y la desigual distribución de las tareas de cuidado, que recaen de manera mayoritaria sobre las mujeres”, comenta Lucía Martelotte del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). “Una de las consecuencias que las mujeres tienen es una doble carga de trabajo, y que debido a la necesidad de conciliar entre la vida familiar y laboral, se encuentran con diversas dificultades para acceder a posiciones jerárquicas. Es por ello que se emplea la metáfora del laberinto del poder, las trayectorias laborales son fragmentadas, con dificultades de promoción”.

Suelo pegajoso
Este término se utiliza en los estudios de género para definir las fuerzas que mantienen a tantas mujeres atrapadas en la base de la pirámide económica. El llamado “suelo pegajoso” se refiere al trabajo maternal, trabajo conyugal y trabajo doméstico, los cuales imponen una ‘adhesividad’ de las mujeres a quienes les cuesta trabajo salir a realizar una carrera laboral, por la responsabilidad de cargar con las relaciones  afectivas y emocionales que acaban recayendo en ellas, atrapándolas e impidiendo su salida y realización personal lejos del ámbito familiar. El enfrentamiento, la rebelión y la ruptura no siempre son posibles y crean situaciones emocionales y familiares conflictivas. Constituye una forma de esclavitud con lazos de seda.

Obstáculos de participación
La violencia política contra las mujeres en el ámbito de la política implica un obstáculo que impide su plena participación en puestos de toma de decisión en diferentes espacios, reforzando roles tradicionales de género que terminan por socavar la calidad de la democracia y el desarrollo de sus derechos humanos.

La ley modelo de violencia política de la Organización de Estados Americanos define a la violencia política contra las mujeres como “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política contra las mujeres puede incluir entre otras, violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica” (art 3).

Con el fin de visibilizar esta problemática menos abordada que la violencia de género ELA presentó un informe llamado “Violencia política contra las mujeres en Argentina: experiencias en primera Persona”, una publicación que recoge los primeros datos empíricos sobre la dimensión del problema.

Se consultó a legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires y del Congreso de la Nación que arrojaron resultados alarmantes: 8 de cada 10 encuestadas afirmaron haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas. Las dos clases de violencias más frecuentes fueron: la psicológica (50%) y la simbólica (28%). En menor medida, las legisladoras se refirieron a situaciones de violencia económica (22%). Por último, tanto la violencia física como la violencia sexual fueron reportadas en menos del 10% de los casos.

En relación a las manifestaciones puntuales, el 64% de las entrevistadas fueron amenazadas o intimidadas durante el ejercicio de sus funciones políticas; al 58% le impidieron que asista a reuniones importantes o en las que se toman decisiones relevantes; al 53% le restringieron el uso de la palabra en reuniones o sesiones e incluso el 27% percibió un ingreso salarial menor por su condición de género”.
El 98% de las encuestadas identificaron al ámbito político como un espacio “donde persiste la discriminación contra las mujeres”. En relación con los factores que actúan como obstáculos para la participación de las mujeres en política, los más mencionados fueron los de tipo cultural: las responsabilidades familiares (91%), la cultura dominante y su concepción del rol de las mujeres en la sociedad (89%), y la falta de apoyo de los hombres (76%). En menor medida aparecen factores como la falta de recursos económicos (64%) y el temor por la integridad física (18%).

Respecto del género de la persona que cometió las agresiones, el 63% de las encuestadas señaló que se trató generalmente de varones; un 32% que las habían agredido indistintamente varones y mujeres; un 5% que las agresoras habían sido mujeres.

También fueron consultadas por la procedencia de la persona agresora. Las opciones mencionadas con más frecuencia fueron “alguien a través de las redes sociales” (71%), y “Alguien de otro partido” y “Alguien de mi partido” (ambas con 67%).

En relación con el lugar en el que se produjeron las agresiones, los más mencionados fueron internet (62%), la sede o alguna actividad del partido (44%) y el recinto (40%).

Qué pasa en San Luis
Desde 1947 las mujeres acceden al derecho a votar y a ser elegidas, y desde 1991 con la aprobación de la Ley 24.012 de cupo femenino se establece la obligatoriedad a los partidos políticos de incorporar un mínimo de 30% de mujeres en sus listas electorales.

En la provincia de San Luis la participación de las mujeres en la Cámara baja de la Legislatura provincial durante el 2018 es del 30%, en cambio en el Senado asciende a un 55,56%.

Caso Gladys Orellano: El caso de Gladys Orellano se produjo luego del resultado de las elecciones PASO del 9 de agosto del 2015 para bancas en el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, ya que ella ocupaba el segundo lugar en la lista “Unidos por San Luis” que obtuvo, luego del escrutinio definitivo, el tercer puesto en la interna del FpV. 

Según lo acordado cada lista sería la encargada de garantizar el corrimiento para respetar los denominados cargos expectantes. Esta lista era la que encabezó Roberto González Espíndola pero la Junta Electoral decidió no ajustarse al derecho.

Caso Elisa Sosa: Este dilema se presentó en la provincia durante las elecciones de 2013 en el Frente Progresista Cívico y Social. Después de las internas debía conformarse la lista para las elecciones generales para diputados provinciales. La grilla fue encabezada por Alejandro Cacace, seguido de la periodista Elisa Sosa (a fin de cumplir con la ley del cupo femenino) y en tercer lugar iba Raúl Laborda. De este modo Fidel Haddad, debía pasar al final de la lista. Pero la cuestión se judicializó, y falló en favor de los varones quienes compitieron y accedieron a los cargos violando el cupo femenino.

Espacios de poder: El poder ejecutivo es otra área para analizar respecto la participación de las mujeres y, si bien San Luis se caracteriza por incorporar a lo largo de las diferentes gestiones a varias mujeres en el gabinete, suelen ser convocadas para ocupar espacios relacionados a la educación, la salud y la cultura.

Otras de las observaciones se basa en la cantidad de herramientas que tienen estas mujeres mientras ejercen cargos de poder y toma de decisiones, en cuanto no todas poseen o aplican perspectiva de género para el diseño de esas políticas públicas.

Pero, más allá de las cifras y estadísticas, eliminar la violencia, cerrar brechas y disminuir la desigualdad es un cambio cultural que comenzó a avanzar a pasos agigantados.


Fuente: La Opinión. Nota publicada el 29/9