Nogolí: Avanza la investigación judicial por irregularidades en las elecciones 2017

(7-10-18) El fiscal federal Cristian Rachid pidió llamar a indagatoria a la intendente comisionado Claudia Pinelli, a la ex directora del centro de salud y ex intendente Silvia Quevedo y otros dos dirigentes del PJ, por irregularidades en las elecciones. El Juez Maqueda deberá resolver si hace o no lugar al pedido de Rachid.

La noticia la dio a conocer este domingo el portal web El Chorrillero. La semana pasada un medio nacional sacó a la luz una investigación similar que tiene lugar en Arizona.

En Nogolí, según El Chorrillero: "A los electores les dieron votos marcados y advirtieron que perderían beneficios del Estado, si no sufragaban por los candidatos de Rodríguez Saá." 

Sobre este tema, La Posta consultó a la intendente de Nogolí pero Claudia Pinelli prefirió no emitir declaraciones por el momento; sólo se remitió a decir que aun no ha sido notificada desde el Juzgado.

A punto de cumplirse un año de los comicios, el fiscal Federal, Cristian Rachid pidió que se llame a prestar declaración indagatoria a la intendente comisionada, Claudia Pinelli, la directora del Hospital, Silvia Quevedo y a dos fiscales del Frente Unidad Justicialista.

La causa se inició a instancias de una denuncia formalizada el día anterior a las elecciones del 22 de octubre de 2017 por los apoderados del Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis ante la secretaría Electoral Nacional.

El Chorrillero explicó Cuál fue el modus operandi que investiga la justicia: Dirigentes y punteros que se presentaban en nombre del Gobierno y el Frente Unidad Justicialista citabas a electores a reuniones en distintos lugares del pueblo y los coaccionaban. Los amenazaban diciéndoles que iban a ser expulsados del Estado o no serían favorecidos con las dádivas que se distribuían en forma indisimulada, en caso de que no votaran a los candidatos de Rodríguez Saá.

Para asegurarse la voluntad, les entregaban el voto marcado que era justamente el que debían depositar en la urna.


Algunas de esas boletas que se repartieron en forma anticipada, llegaron a manos de los asesores legales del Frente opositor que las acreditaron en la denuncia. Tenían una letra y un número. La letra identificaba el beneficio social o prestación estatal que recibía el elector, mientras que el número indicaba la identidad de la persona y su grupo familiar. Por Ejemplo: “H1” correspondía a una persona que recibe beneficios del Hospital público; “M3” a un beneficiario de los merenderos; “B7” a becarios; “P3” al Plan de inclusión social; “PB2” a Pañuelos Blancos y “AS4” a otra ayuda social.

Tras una solicitud del fiscal, el juez Federal Juan Esteban Maqueda ordenó una medida cautelar consistente en la preservación de las urnas con los sufragios emitidos en el Departamento Belgrano.
En el escrutinio se constataron un total de 65 boletas irregulares que fueron.
En el transcurso de la investigación se registraron varios testimonios que ratificaron las presiones. A pesar del temor a represalias, hubo electores que declararon cuál fue la mecánica empleada.
Así Rachid determinó que la actual intendenta, Quevedo, Nicandro Hilario Amieva y Nancy Escudero son coautores de la conducta tipificada por el artículo 139 inciso “b” del Código Electoral Nacional al haber “compelido a electores a votar de manera determinada”.
Pidió la indagatoria porque entendió que organizaron y ejecutaron un plan para obtener ilegítimamente votos para el Frente de Unidad Justicialista. Concluyó que la condición para gestionarles el acceso a planes o beneficios sociales y/o para conservar los beneficios de esa naturaleza acordados, fue votar al oficialismo provincial.
Definió la intervención de cada uno de los involucrados y expuso la organización existente: Por un lado, Pinelli (en ese momento interventora) y Quevedo (directora del hospital) como funcionarias del Gobierno podían disponer los beneficios. Por el otro, Amieva y Escudero brazos ejecutores de la maniobra que cerraba porque se encargaban de controlar -como fiscales de establecimiento o de mesa del Frente de Unidad Justicialista- los comicios y hacer sentir su presencia a los votantes. Después ambos verificaban en el escrutinio que “aparecieran” los votos marcados.
El delito electoral que se les adjudica contempla una pena de prisión de uno a tres años y una accesoria la privación de los derechos políticos por el término de uno a diez años.
La sábana de la lista N° 501 en Nogolí, en particular, estuvo conformada por cinco categorías: senador nacional (titulares: Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo, suplente: Alberto Rodríguez Saá); diputados nacionales (Karim Alume, Victoria Rosso y Alberto Geraiges); senador provincial (Mabel Leyes); diputados provinciales (Rosa Calderón, Luis Amieva y Norma Rosa Villegas) e intendente comisionada, Claudia Pinelli. 
En la misma campaña electoral el Frente opositor formuló una serie de denuncias. Hay causas en el fuero federal y provincial contra el gobernador por haber entregado a la Fundación Mujeres Puntanas de la esposa de su hermano Adolfo, $80 millones que se usaron para regalar electrodomésticos; contra ministras por el reparto de tablets a punteros en la sede del PJ y por el otorgamiento de planes sociales el día de la elección violando la prohibición de efectuar actos de gobierno para captar votos y la veda electoral.
El fiscal Federal viene de promover la indagatoria del ex intendente de Arizona y dirigente del PJ, Pedro Figueroa por un escandaloso fraude. En 2015 trajo electores de La Pampa y Mendoza para que votaran a su hijo, el actual intendente, a cambio de una licencia de conducir profesional.
Por último, el portal que dio a conocer la noticia recordó que en Nogolí, la voluntad popular a lo largo de las últimas décadas ha sido burlada por el fraude y el azar. En 2015, una puja intestina entre el PJ y el PUL se resolvió también en la Justicia Electoral anulando las elecciones y con una intervención. Años antes, una elección en la que los dos candidatos empataron, el Superior Tribunal definió a través de un bolillero el intendente, que terminó denunciado, sometido a juicio oral y absuelto por corrupción.