Debate Naranja. El pedido de separación de la iglesia del Estado suma un nuevo color y reclamo a las inquietudes ciudadanas

(3-9-18 - Por María José Corvalán) El debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo que se trasladó al Congreso entre los meses de abril y agosto de este año, trajo como consecuencia directa el planteo social de la intervención de la Iglesia en la confección de las políticas públicas.


Así lo analiza Marcela Brusa, integrante de Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), organización que nace en el año 2010 y que aspira a  lograr un Estado que suponga la autonomía de lo político ante lo religioso, que el poder civil no se recueste en símbolos y poderes religiosos para obtener legitimidad y, que se desarrolle una cultura ciudadana y política que garantice la libertad de conciencia, la no discriminación y la ampliación de derechos.

CAEL está integrada por Ateos y Ateas de Mar del Plata, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), Apostasía Colectiva “No en mi Nombre”, la Campaña Feminista por un Estado Laico, las Católicas por el Derecho a Decidir, Autoconvocadxs (César Rosenstein, Diana Maffía, Marcela Brusa y María José Lubertino), Entre Ríos Laica y La Colectiva. A su vez es miembro de la Asociación Internacional de Librepensamiento, con presencia en los cinco continentes y reconocida por la ONU y la OIT.

“Cael nace en el contexto de la presentación del proyecto de ley de “Libertad religiosa” y la sanción de la ley de “Matrimonio Igualitario”, pretendiendo un Estado laico en el cual ninguna religión tenga privilegios, como subsidios u ocupación del espacio público. Las religiones se opusieron al divorcio y a estas normativas representando una fuerza de choque para restar derechos, tal como lo hicieron en el debate del Aborto en Argentina” asegura Brusa. “

Apostasía Colectiva
La web Apostasía Colectiva “No en mi Nombre” (apostasia.com.ar) explica que apostatar es darse de baja de la Iglesia, a la que se ingresa por el bautismo y supone un acuerdo con sus doctrinas. La cifras de ingreso son muy elevadas porque esta ceremonia se transformó en una cuestión cultural que termina imponiendo sus puntos de vista en la legislación y consiguiendo privilegios para la jerarquía eclesiástica.

“Antes del #8A organizábamos apostasías y obteníamos respuestas entre ciertos grupos. Pero, para la vigilia convocada por la Campaña Nacional por el aborto Legal, seguro y gratuito en las puertas del Congreso a la espera de la definición del senado sobre la ley ILE, planeamos una nueva acción y dispusimos una mesita con algunos formularios: Nos invadieron. Reunimos 1.200 apostasías en 8 horas. Y al mismo tiempo empezamos a coordinar apostasías colectivas en todas las provincias.” Cuenta emocionada Marcela.

Hasta el pasado viernes 23 de Agosto las activistas recibieron más de 3.000 formularios que presentaron en la Comisión Episcopal ese mismo día, al secretario de comunicaciones. La entidad debe sellar cada una de las copias recibidas por lo que las organizadoras se ofrecieron a ayudar en el proceso. A su vez se entregó una carta donde exigen a la Iglesia que se unifiquen criterios en todas las parroquias del país para receptar las renuncias y se borren los datos de las personas del libro de registro de la Iglesia Católica.

Apostatar en tres pasos

El primer paso es presentar una carta en donde se informe la decisión de dejar de pertenecer a la Iglesia consignando los datos del bautismo (parroquia y fecha aproximada o al menos el año) en la diócesis a la que pertenece la parroquia. Como la carta requiere respuesta, algunos obispados piden ratificar la intención, presentar el certificado de bautismo o que la firma esté certificada. Por último, y si el trámite logra sortear las maniobras dilatorias, se realiza una anotación marginal en el registro advirtiendo que la persona apostató.

María José Albaya, es integrante de la Campaña Feminista por el Estado Laico, integrante de CAEL y activista: “En el Encuentro Nacional de mujeres del 217 con sede en Chaco surgió la necesidad de lanzar esta campaña para impregnar el debate de la separación de la Iglesia del Estado con perspectiva de género. En marzo de este año hicimos una pausa para evitar desviar la atención social del foco de la discusión del aborto legal, pero una vez obtenida la media sanción en diputados la gente, en especial la juventud, advirtió que era la institución religiosa un obstáculo para la conquista de derechos y como consecuencia recibimos un aluvión de consultas.” En este marco surgen dos campañas más desde las redes sociales, la nacional y la federal, y con ellas nacen los pañuelos negros y naranjas como símbolos de la lucha.

El jefe de Gabinete del gobierno nacional, Marcos Peña, informó el pasado marzo que el Gobierno aporta a la Iglesia Católica 130 millones de pesos anuales para pagar sueldos de obispos y otro personal eclesiástico. Para Cael, la transferencia de dinero es mayor, porque no contabiliza los fondos millonarios destinados a pagar las escuelas subvencionadas católicas y las exenciones impositivas para este y otros cultos.

Postura de la Iglesia católica

El sacerdote Mauricio Landra, decano de la facultad de derecho canónico de la UCA con sede en Buenos Aires declaró que "Si el Estado ayuda en lo económico, no lo hace en base a la cantidad de fieles. No nos manejamos por la cantidad de bautizados, ni siquiera hacemos mención a eso porque no sabemos cuántos bautizados hay. En ningún momento se ha considerado un aporte a la iglesia por cantidad de bautizados". Estas afirmaciones las realizó en una entrevista a Radio Corazón de la ciudad de Paraná que fue difundida a través de un comunicado por el arzobispado de esa ciudad. A su vez, la Iglesia prometió elaborar un protocolo para los fieles que deseen separarse de la fe.
En el código canónico la apostasía es un crimen que implica la excomunión.

El movimiento llega a San Luis

De la mano de activistas feministas de la campaña nacional por el aborto legal regional San Luis se comenzaron a trazar los primeros lineamientos de trabajo para garantizar en la provincia un espacio de consulta y futura acción de apostasía colectiva.

Erica Esquivel es una activista de la Villa de Merlo que coordina un grupo de Facebook denominado: “Campaña Federal por la Separación Estado/Iglesia - San Luis" junto a otras interesadas. Planean hacer asambleas en los próximos días en San Luis, Villa Mercedes y Merlo a fin de difundir información y planificar acciones, en coordinación con la Campaña federal cuyo símbolo es el pañuelo naranja.

La publicación inicial invita a los y las sanluiseñas a sumarse con el siguiente texto: “Somos una campaña política y apartidaria. Acompañanos en este camino hacia un estado laico real. Nuestro compromiso es con vos... Para que no haya más beneficios económicos ni tratamientos especiales a una religión en particular. Para que los dogmas morales/religiosos no nos estigmaticen y haya igualdad de género y justicia social. Para que la Iglesia no interfiera en decisiones políticas. ¡Iglesia y Estado, asuntos separados!"

 Por su parte, Debora Carabajal es una joven música, activista de la Campaña nacional por el aborto legal, que estudia producción de radio y televisión, y coordina en la ciudad de San Luis un grupo de personas que desean apostatar.

"Mantenemos comunicación con todas las organizaciones de otras provincias y esperamos lograr una organización horizontal y masiva para concretar la separación de la Iglesia del presupuesto, los espacios y las políticas que aplica el Estado en la Argentina y en San Luis."

Por ahora, están en etapa de formación y para brindar información y dar la discusión organizaron una reunión el sábado 1 de septiembre a las 17 en la plaza Pringles.

A los pañuelos verdes que pasean atados a mochilas y carteras, se suman ahora, los negros y naranjas. Nuevamente periodistas, músicas, actrices y famosas suben fotos y videos a sus cuentas luciéndolos, o los exponen en los escenarios y estudios. El tema es abordado en la tele, en actos políticos y hasta en reuniones familiares. Todo deja entrever que el debate llegó para quedarse y dependerá de la sociedad si se transforma en una nueva grieta o  en un aprendizaje colectivo.

Fuente: María José Corvalán - Diario La Opinión