"Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir"

(22-7-18 - Por María José Corvalán) En la actualidad, para la Justicia argentina el aborto esta prohibido, salvo las excepciones previstas en el artículo 86 del Código Penal. El movimiento de mujeres hace 13 años formó la Campaña Nacional por el aborto legal seguro y gratuito para insistir en la legalización de la práctica y este año logró que se tratara en el Congreso. Sin embargo, la mayoría de los argumentos expuesto a favor de la norma son brindados por expertas/os de otras provincias. En esta columna se brindarán opiniones de personas del ámbito local para conocer por qué creen que debe modificarse la legislación vigente.

Hoy opina Ariel Sanabria, Lic. en Trabajo Social, docente, investigador:

Educación sexual para decidir
Anticonceptivos para no abortar
Aborto legal para no morir…

En tiempos de ásperos debates, con posiciones casi irreconciliables, donde parece difícil poner en juego algo de racionalidad celebramos que ocurra. La inclusión del tema del aborto en la agenda pública no responde a estrategias de distracción, más allá de las intenciones duranbarbistas de algún sector político partidario. Párrafo aparte merecerían los recortes, desfinanciamientos y ajustes en todas las áreas del Estado que atienden la cuestión de la salud sexual de la población, ni hablar de los dispositivos que entienden de género.

El proyecto de Legalización y Despenalización del Aborto es producto de años y años de luchas feministas por el reconocimiento del derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Mucho se ha escrito acerca del cuerpo de la mujer como territorio, la biopolítica y los dispositivos de regulación social a través del dominio de los cuerpos, etc. no quiero detenerme en eso sino en la idea del derecho, responsabilidades y opciones.

El aborto es un problema de salud pública como se ha repetido insistentemente. Existe, aun cuando no se lo quiera ver. Los antiderechos, autodenominados Pro vida, no lo quieren ver. Sostienen que no debería existir, no solo por la defensa de las dos vidas como les gusta esgrimir, sino porque su condición profundamente patriarcal inhabilita la sexualidad como goce. Le imprimen a la sexualidad solo fines reproductivos. Les tenemos una mala noticia, lxssujetxs la “ponen”. Y no solo “irresponsablemente” como también les gusta decir, sino cuidándose con métodos que suelen fallar, ya sea por mala administración, por inadecuada indicación, por falta de acceso a ellos, por imprevisibilidad, por decisión o por obligación, pero siempre o casi regularmente delegada la tarea de los cuidados preventivos en la responsabilidad femenina o del cuerpo gestante.

Poco se habla en estos sectores de la responsabilidad del varón, también se invisibiliza la participación de ellos en la planificación y/o cuidados de la salud sexual. En el sistema de salud pública no existen herramientas ni dispositivos que lo evidencien. El “silencio masculino” se refuerza en la medida en que los varones son invisibles, inaprensibles, naturalmente ausentes en la inmensa mayoría de los programas y proyectos con enfoque de género, más allá de su enunciación (Güida, 2003).

La Historia Clínica Perinatal (CLAP – OPS/OMS), es el sistema de registro oficial del Ministerio de Salud Pública para el embarazo, parto y puerperio. Pues bien, no existe en el formulario ningún dato sobre el padre. Un documento con carácter obligatorio a nivel nacional, elaborado por un organismo rector de políticas sanitarias a nivel de las Américas. 

La invisibilidad del registro paterno nos muestra el lugar asignado del varón en los procesos reproductivos y las prácticas sanitarias: no existe. Sólo en el ítem acerca de acompañante en el parto aparece la posibilidad de llenar un casillero en el cual puede figurar entre otras opciones: pareja, otro, familiar, ninguno. Mucho más acá de la “influencia” de lo social, determinados datos biológicos son trascendentes y ejercen una importante influencia sobre “el binomio” madre – niño (si así en masculino). Aspectos biológicos (que por supuesto son simultáneamente sociales) no son de consideración en el formulario: alcoholismo, trastornos genéticos hereditarios, entre otros datos que también serán de trascendencia para la salud materna y del bebe. Probablemente si alguien fundamentase a favor de la ausencia de datos sobre el progenitor, los argumentos se centrarían en el escaso espacio disponible en una página.

Justamente, similar línea argumental encontramos en lo referente a la dificultad para que los varones pudiesen participar en el proceso de parto y puerperio en los servicios públicos (Güida, 2003).

Otro ejemplo: durante el proceso de construcción de las recomendaciones para la atención de la salud reproductiva en nuestro país, los aspectos centrales de la salud reproductiva masculina no han merecido mayor consideración.

Por lo que el registro de datos parentales del varón queda sometido a la voluntad del/la profesional que atienda la demanda, de quien ejerza el rol en el efector de salud, librado a su posición ideológica, ética y política.

En el campo de los derechos laborales al momento de reconocer licencias por paternidad estamos en la misma situación.

Por lo tanto, el aporte de este escrito tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres como cuerpos gestantes a decidir sobre su maternidad, reforzando la noción de decisión y voluntad por sobre la de mandato o imperativo. Nadie está obligada a abortar, es una opción. Para ello debe estar correctamente informada, asesorada y acompañada.

Mientras tanto, los equipos de salud tenemos la responsabilidad de elaborar estrategias de prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva, favorecer el acceso a la información, promover la emergencia de autonomías que permitan tomar decisiones, propender a la deconstrucción de los modos en los que se establecen las relaciones sexo afectivas, interpelar a la idea del amor romántico como manera de construir las relaciones sociales de género.

También interpelar al resto de los dispositivos institucionales que tienen la obligación de cumplir con las leyes vigentes, por ejemplo el sistema educativo y la implementación efectiva de la Ley 26150 de Educación Sexual Integral aportando a la integralidad y transversalidad de la misma.

Construir escenarios de democracia genérica, reflexionando acerca de los modos en los que nos relacionamos, deconstruyendo mandatos y permisos sociales, poniendo en debate los roles masculinos como no lugares de la masculinidad, la democratización del espacio privado o doméstico y la reflexión sobre las responsabilidades institucionales debe permitir la emergencia de relaciones más igualitarias, democráticas y profundamente más respetuosas.

Por eso, desde San Luis, como profesional del Sistema de Salud Pública de la Provincia y en coincidencia con la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir digo:
#Contá con nosotros!!! Que sea LEY!!!"

Ariel Sanabria

Licenciado en Trabajo Social
Área de Atención Primaria de la Salud
Ministerio de Salud de la provincia de San Luis
Docente investigador Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales – Universidad Nacional de San Luis.