Buscan legislar sobre la comercialización de los talles de la vestimenta

(16-5-18) Sonia Delarco presentó hoy en la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre los talles de la indumentaria. Fue ingresado con tratamiento preferencial y despacho de comisión.


Entre los fundamentos, la autora del proyecto establece como objetivo: "promover la salud de la población y evitar situaciones de discriminación relacionadas con la posibilidad de vestirse adecuadamente. Para lo cual la vestimenta, debe confeccionarse y fabricarse conforme la Tabla de Medidas Corporales Normalizadas."

Asimismo, "busca proteger a quien adquiera vestimenta por medio de Internet o por Catálogo u otro medio que imposibilite el contacto material con el producto antes de su compra."

El proyecto establece que "En defensa de los consumidores también cabe destacar que los comerciantes deben publicitar las medidas corporales de los productos ofrecidos en sus locales, como también declarar al momento de solicitar la habilitación, cuál es el segmento al que va dirigida su actividad, y la serie de talles que tendrán las prendas ofrecidas para la venta."

Any Body Argentina, una ONG internacional dedicada a transformar la cultura de “perfección” corporal y eliminar la discriminación de peso, ha trabajado en el país desde 2011 con un foco de concientizar la necesidad para una Ley de talles nacional. Cada año la ONG realiza encuestas nacionales online sobre la disponibilidad de talles. En 2016, su quinta encuesta de una muestra de 2.254 personas reveló que el 68,81% de los encuestados (el 95,47% usa ropa de mujer y el 4,53% usa ropa de hombre) siempre o frecuentemente enfrenta problemas para encontrar su talle. Solo casi el 4% de los argentinos nunca encuentra dificultad para encontrar su talle.

"Hay un estereotipo de belleza femenina basado en un discurso machista y un sistema patriarcal. Las mujeres somos exigidas socialmente a tener “cuerpos perfectos”, aunque esa perfección no condice con lo saludable pues, muchas veces para llegar a ese modelo, se estimula especialmente a las adolescentes a actuar de manera tal que caen en trastornos alimentarios como vía para llegar a ese objetivo." establece la legisladora.

"Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en este tema, pues instalan y reproducen, la idea de un determinado canon de belleza, que no responde a las mujeres reales.
Sin duda la publicidad empleada en este tema genera violencia simbólica hacia las mujeres pues, al cosificar a la mujer se provoca desigualdad de género. Se ha dicho con razón que la violencia simbólica es la antesala de la física.
Es importante destacar que una práctica relacionada con esta problemática es la adulteración de los talles femeninos y masculinos. Vemos como se etiqueta una determinada prenda con un talle mucho mayor al que es en realidad."

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales forma parte de nuestro sistema jurídico al haber sido incorporado a través de la Ley Nacional N° 23.313. El PIDESC en su artículo 11 prescribe: ARTICULO 11 1. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento...”.

El inciso 22 del artículo 75 de la Carta Magna Nacional, incorpora como parte de nuestro sistema constitucional, a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Por otro lado cabe citar al artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, que hace referencia a los consumidores, a su derecho a la protección de su salud, a un información veraz y a condiciones de trato equitativo y digno: “…Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.”

Informó: María José Corvalán