Opinión: Vivir con violencia

(16-8-17) Según la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, existen cinco tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y simbólica. Esta ley que tiende a visibilizar la situación por la que atraviesan las mujeres en relación a la violencia machista, también exige que los tres poderes del estado se responsabilicen aplicando políticas públicas concretas en sus ámbitos.

En San Luis, a diferencia de otras provincias, no existe la comisaría de la mujer en donde radicar denuncias con personal capacitado,refugio en caso de mujeres con hijos e hijas que deban huir de sus casas, ni políticas de acción inmediata para articular la ayuda necesaria en la urgencia y después de la misma.

Las mujeres que pasan por una situación de violencia, encuentran como primer obstáculo la desinformación: no saben que hacer ni cual es el primer paso para buscar ayuda.


DEL DICHO AL HECHO...

Una endeble publicidad de la Secretaría de la Mujer de San Luis las invita a denunciar, sin saber dónde ni cómo:  "denuciá! animáte! son solo palabras de aliento que no son respaldadas con un mecanismo aceitado para su acompañamiento.

La secretaria de la mujer,  hurtó el grito de lucha #NiUnaMenos  para denominar un área gubernamental integrada en su mayoría por funcionarias reaccionarias, violentas, sin capacitación ni intención de sencibilizarse con la problemática.  Un área donde destruyeron el material bibliográfico preexistente  y donde se rigen con un orden cuasi militar.  

La línea a la que las incitan a llamar es la línea 144 perteneciente al CNM (Consejo Nacional de las Mujeres) que dirige a las usuarias a la comisaría más cercana o a la misma secretaría que ha centralizado su atención en terrazas de portezuelo, en las afueras de la ciudad.

Volver a la línea de partida.


NO SÓLO EN LAS MARCHAS 

Es aquí donde algunas organizaciones feministas entra a jugar un rol importante: el "acompañamiento".

Las mujeres en situaciones de violencia y vulnerabilidad se contactan con las activistas, en un intento desesperado de dar con alguna solución.

Mas de 10 casos por día llegan a los teléfonos o facebook de las activistas, en su mayoría, de mujeres que vienen sufriendo años de agresiones y con varios intentos de denunciar o pedir ayuda.

El primer paso, entonces es acompañarlas a hacer, a veces, por primera vez, una denuncia policial.

En la comisaría, aún con acompañamiento de activistas capacitadas, los efectivos se niegan a tomar la denuncia o desalientan a las mujeres con frases como: Por qué denuncia? qué le pasó? seguro es de esta jurisdicción? mire que si toma intervención un juez le pueden sacar los niños! 

Una vez pasado el "filtro" y realizada la denuncia, las activistas comparten la información del procedimiento a seguir con la mujer,  porque parte del proceso de empoderamiento es saber cuales son los derechos y como exigirlos.

Ya con la copia de la denuncia en mano, y después de horas de espera, lo más común es dirigirse a algún juzgado para pedir medidas judiciales.

Aquí nos encontramos con otro impedimento...

Si bién la ley provincial establece que ante una denuncia por violencia, se debe comunicar inmediatamente al juzgado de turno la situación  para que se efectivicen medidas de protección, rara vez la policía conoce esta legislación, por consiguiente, no se hace.

Lo habitual, es que las mujeres deban concurrir al juzgado de familia o contravencional, munidas de la denuncia, para solicitar ellas mismas las medidas necesarias. Exclusión de hogar, si son convivientes con el agresor, o restricción de acercamiento, que se supone que evita que el violento tome contacto con la víctima.

 Ahora sí, medidas logradas, la mujer se encuentra en la misma posición de riesgo, ya que se sabe de antemano, que un papel nunca consiguió frenar al violento.

Por lo que emprende el viaje a la secretaría de la mujer para pedir como protección, el llamado "botón antipánico".

Con los niños o niñas a cuesta, tomando dos colectivos y el miedo de andar sola por la calle, sabiendo el enojo del agresor recientemente denunciado, se llega a la secretaría de la mujer que en su mostrador el único panfleto que ostenta es el de GRAVIDA: ( asociación en contra del aborto que insta a las mujeres o niñas embarazadas que no desean ser madres, que prosigan con el proceso de gestación y lo den en adopción).

Conseguir "el botón" es otro suplicio...


VIOLENCIA MÁS VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

Las mujeres son atendidas por un equipo de tres o mas personas, que en una sala reciben a la víctima y le hacen una encuesta de admisión. Durante más de 40 minutos la mujer debe relatar por cuarta o quinta vez su sufrimiento solo para que estas personas pregunten y llenen un formulario.

Terminado el proceso, al fin, pasan al área técnica para descargar en su celular la app que presionarán en caso de enfrentarse con su agresor.

Esta app, solo funciona con conexión de internet, por lo que si se cae el sistema, o se quedan sin batería, o se corta internet, o se quedan sin datos móviles, o están en una zona sin señal, quedan desprotegidas.

Si todo funciona bien, y presionan la app, la policía recibe el pedido de ayuda, y la primera acción es llamarlas para corroborar si presionó el botón por estar en peligro o si lo hizo por error. En caso de la mujer confirmar que lo hizo a sabiendas, entonces recién ahí un móvil se dirige hacia el lugar.

Pero el peligro es solo uno de los problemas que debe enfrenta una mujer que sufre violencia.

Si se quedan en la casa que compartían con la pareja y esta era alquilada, entonces ya no tendrán para pagar mensualmente, ni para dar de comer a sus hijos o afrontar los gastos de impuestos y servicios. Porque como es sabido, la violencia no solo son golpes, sino anulación de la persona y aislamiento, impidiéndoles que estudien, trabajen o se relacionen.

La autoestima de las víctimas esta diezmada de forma tal que creen que no son capaces de nada más que ocuparse de la casa y la crianza de hijos e hijas. Por tal motivo, el proceso de empoderamiento es una arista que se debe trabajar en conjunto con asistencia psicológica, económica y de capacitación.

Cuántas mujeres han debido regresar con su agresor por falta de casa y comida? Lamentablemente la mayoría.

Las políticas públicas para la restitución de los derechos vulnerados de las mujeres sobrevivientes a los delitos de violencia, trata o abusos son inexistentes.

Pretenden darles un curso de pastelería o maquillaje, y que estas puedan enfrentar los gastos cotidianos sin más. 

Los planes de viviendas rezan vivienda familiar, sin que las mujeres "emancipadas" tengan la más mínima posibilidad.

El patrocinio legal gratuito es una utopía y muchas deben gastar lo poco que tiene en tramitar divorcio, separaciones y cuota alimentaria, procesos que demoran meses, sino años.

Pero lo que más indigna,  es la indiferencia de las funcionarias de esta secretaria.  
Serena,  mamá de una niña de 2 y en situación de violencia recuerda haber ido caminando desde la comisaria sexta a terrazas para pedir ayuda :" no tenia que comer ni qué dar a mi bebe, pero cuando les dije eso me dijeron que fuera a pedir a una iglesia y que tuviera cuidado que me podían sacar la nena ".

Claudia fue maltratada y amenazada de la misma forma.  
Verónica fue presionada para hablar sobre sus violaciones y no pararon hasta hacerla estallar en llanto.

A Tamara le dieron una bolsita de mercadería después de 4 horas de espera y antes de irse le sacaron una foto.  

A Elena la amenazaron para que dijera que había sido debidamente acompañada cuando era mentira y a Silvia le dijeron que a su hija de 12 embarazada producto de violación no la podían ayudar porque se ocupaban sólo de mayores de 14. 

Cientos de historias similares se leen en las redes sociales y se comentan por doquier.  
La secretaria de la mujer de San Luis no ayuda.  Son puro cartel.
Entonces ? Que hacer?  

Insistir . Exigir.  Gritar si es necesario. Porque las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia.  Derecho a la restitución de todos los derechos: Vivienda, trabajo, capacitación, seguridad, reinserción social con contención profesional, y acceso a políticas públicas que tiendan a enmendar y no a estigmatizar más.  

María José Corvalán