Representantes de San Luis participaron de las audiencias públicas por las tarifas

(19-9-16) Allende, tras el cierre de todas las exposiciones. Ahora las expectativas están centradas en la primera semana de octubre, ocasión en que el ministro Aranguren dará a conocer un nuevo esquema tarifario, que prometió “lo más solidario posible”.
Este domingo se dio oficialmente por clausurada la audiencia pública que dispusiera la Corte Suprema de Justicia, como ámbito que nucleara todas las posiciones acerca de tarifazo del gas natural. El encuentro, celebrado en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comenzó el pasado viernes por la mañana y cerró este domingo antes del mediodía, participando 420 oradores, cuyas ponencias fueron desarrolladas con un margen de cinco minutos cada uno.

En representación de la Provincia asistieron el presidente de San Luis Energía SAPEM, Enrique Cabrera, y el fiscal de Estado, Eduardo Allende, cuyos planteos se enfocaron en la necesidad de transparencia y razonabilidad, como también que la prioridad debe estar centrada en los sectores más humildes y en los que generan empleo.
“En lo personal, la conclusión es muy satisfactoria, ya que tanto Enrique Cabrera como yo pudimos exponer muy claramente los criterios que deben seguirse para lograr un nuevo cuadro tarifario, razonable y equitativo –sostuvo Allende-, además de haber hecho valer los reclamos correspondientes, logrando mucho consenso. De todos modos, con una mirada macro, y tras haber escuchado en estos días al ministro de Energía, Juan José Aranguren, nos preocupa ver al Gobierno nacional cerrado en su postura e interpretación. Creo que se siguen tapando las orejas y no estuvieron escuchando lo que se dijo en la audiencia. Ojalá que eso se revierta y se tome realmente consideración contra este tarifazo irracional, caso contrario, y lamentablemente, el tema volverá a ser judicializado”.
El fiscal de Estado destacó la participación el viernes del presidente de San Luis Energía SAPEM, “que fue muy importante y clave, ya que le tocó cerrar la serie de presentaciones realizadas por productores y distribuidores de gas, que obviamente eran los únicos a favor del aumento. Cabrera fue el único representante de una empresa distribuidora que pidió que se tuviera en cuenta la protección de las pymes, de los comercios y de todos los usuarios que pudieran verse afectados, y fue el primero que destacó que el gas es un servicio público y, como tal, un derecho humano. Fue muy ovacionado ya que nadie esperaba que el representante de una empresa tuviera en cuenta todo este aspecto social y protección de las fuentes de trabajo”.
Allende, en su ponencia del sábado, parafraseó al gobernador Alberto Rodríguez Saá en cuanto a que “el aumento de este servicio debe ser gradual, razonable, equitativo y transparente”, al tiempo que remarcó un gran ausente en el tratamiento del conflicto: “El Estado nacional debió abrir su presentación y la propuesta de aumento determinando el valor del gas en boca de pozo, dato que si desconocemos no permite seguir estableciendo el resto de la cadena. En su lugar se presentaron números que plantearon desde la arbitrariedad de un escritorio, y cuando hablaron las petroleras, que producen el gas, tampoco dieron un informe técnico sobre cómo llegan a los valores que proponen. Lo serio es una auditoría para determinar los costos reales de la extracción del gas, con representación de las pymes, industriales y consumidores. Es fundamental saber el valor real de este servicio básico”.
El fiscal de Estado remarcó que “para la creación del nuevo cuadro tarifario deben tomarse en cuenta todas las ponencias que hubo en esta audiencia, caso contrario será una mera puesta en escena, una formalidad, y se daría lugar a que se judicialice nuevamente el tema. Lo más endeble es no tener un precio transparente del gas en boca de pozo”.
Durante la conferencia de prensa que brindó este domingo al mediodía, el ministro Aranguren adelantó que se aumentaría en un promedio del 203%. Sobre este punto, Allende se preguntó: “¿El 203% de qué? En Capital Federal hay una tarifa de entre 400% y 500% más barata que en el interior del país; entonces lo que corresponde es, primero, hacerlo equitativo para todo el país, y recién luego hablar de aumento”.
“El cuadro de tarifa propuesto por Aranguren, y en su momento las petroleras, está todo dolarizado, y frente a lo propuesto se tiran precios dolarizados y un aumento del 2.000% de acá al 2019, pero 2.000% en dólares. El mismo Gobierno está previendo un valor dólar para fines de 2017 a $20, lo que quiere decir que en un año hay que sumarle un 30% por la variación de la moneda”.
A cuento de lo anterior, Allende amplió uno de los puntos que planteara en su disertación: “El problema proviene del primer marco normativo del gas, que se dictó en la década del 90, durante el Gobierno menemista, cuando la economía estaba dolarizada. En la crisis del 2001 el Gobierno nacional debió salir a pesificar las obligaciones y la economía nuevamente, lo que trajo problemas durante los cuales se intervino el sistema de gas, dejó de manejarse como libre competencia y se establecieron arbitrariamente los precios desde el Estado nacional. Nunca más supimos realmente el costo de los servicios, que es lo que debió haber pasado en esta audiencia pública y no pasó. Hoy se está volviendo a dolarizar la economía, justo a poco de haber celebrado el Bicentenario de nuestra Independencia, cuando ningún otro sector de la economía está dolarizada, mucho menos los sueldos, pero sí el gas”.

El titular de la Fiscalía de Estado del Gobierno de San Luis insistió en que “para arribar a una solución justa de este tema deben cambiarse los paradigmas, porque la realidad es que el Gobierno nacional piensa en defender a las empresas, cuando las empresas se defienden solas, los poderosos se defienden solos. La prioridad deben ser los usuarios, las pymes y el comercio; a esos sectores hay que proteger, y también es necesario cambiar la visión de Gobierno nacional. Como siempre marca el gobernador Rodríguez Saá, las políticas de Estado deben implementarse desde la periferia al centro, en este caso desde las provincias más alejadas a la Capital Federal. Pero la verdad es que todas las políticas, no solamente este tema tarifario sino todas, son pensadas para Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y por ahí, como mucho, para Córdoba y Santa Fe, y ahí se termina el país; cero federalismo. Creo que en algún momento los argentinos debemos replantearnos la situación poblacional, para que en las políticas de Estado se involucren los intereses de todas las provincias”, concluyó Allende, a modo de reflexión.

Fuente: ANSL